Reciba un cordial saludo de la gran familia que compone la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

La CASP, creada en virtud del Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público (Plan Núm. 2-2010, s.e.), es un organismo cuasi-judicial en la Rama Ejecutiva, especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito. En la CASP se atienden las reclamaciones laborales de empleados del sector público; tanto para los cubiertos por las disposiciones de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 8-2017, s.e.), como para los que pertenecen a unidades apropiadas certificadas por la CASP y negocian convenios colectivos al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Ley Núm. 45-1998, s.e.).

La CASP es, además, el organismo apelativo del sistema de Administración de Personal Municipal de conformidad con el Código Municipal de Puerto Rico (Ley Núm. 107-2020, s.e.) e interviene en la relación entre las organizaciones laborales y sus miembros en los asuntos que delimita la Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una Organización Laboral (Ley Núm. 333-2004, s.e.).

La CASP también ha servido de foro cuasi-judicial en las controversias laborales surgidas al amparo de la implementación de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley Núm. 7-2009, s.e.), la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley Núm. 26-2017, s.e.), la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 66-2014, s.e.), la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 3-2017, s.e.), la Ley para Garantizar la Negociación Colectiva (Ley Núm. 9-2023) y la Ley de Empleados(as) Transitorios(as) o Temporales en el Servicio Público (Ley Núm. 96-2023), entre otras legislaciones que inciden en el principio de mérito y las relaciones obrero-patronales en el sector público.

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Oficina del Inspector General de Puerto Rico